La economía colombiana enfrenta en 2026 múltiples señales de alerta: crecimiento moderado pero insuficiente del PIB (2,8% a septiembre), déficit fiscal elevado (7,1% del PIB), inversión estancada, informalidad alta (55%), inflación persistente (5,10%), mayores costos laborales por el alza del salario mínimo (23%) y calificaciones de riesgo degradadas que encarecen deuda y crédito.
La economía colombiana llega a 2026 con una combinación de dinamismo moderado y vulnerabilidades estructurales, según el análisis de la Cámara Colombo Americana recogido por Bloomberg Línea. El Producto Interno Bruto (PIB) creció 2,8% entre enero y septiembre de 2025, un ritmo positivo pero considerado insuficiente para cerrar brechas de productividad y sostener empleo formal sin mayores inversiones y reformas productivas.
En materia fiscal, el Gobierno Nacional Central proyectó un déficit equivalente a 7,1% del PIB para 2025, un nivel elevado que reduce el margen para inversión social y encarece el servicio de la deuda. La combinación de costos crecientes y una base tributaria debilitada por la informalidad —donde más de la mitad de la fuerza laboral carece de protección social y está fuera del sistema formal de pensiones y salud— presiona aún más las cuentas públicas y puede traducirse en ajustes dolorosos, ya sea mediante recortes o nuevos impuestos.
El clima de inversión también enfrenta desafíos. La inversión extranjera directa (IED) se mantuvo prácticamente estancada, con US$9.160 millones registrados a septiembre de 2025 frente a US$9.618 millones en igual periodo de 2024, reflejo de una confianza empresarial que se enfría ante reglas poco claras y la percepción de riesgos persistentes. Este estancamiento limita la creación de empleo formal, reduce ingresos y afecta el bienestar general de los hogares.
A esto se suman tensiones en el mercado laboral: aunque la tasa de desempleo nacional registrada en noviembre de 2025 fue de 7,0%, la calidad del empleo y la productividad siguen rezagadas. El aumento del salario mínimo en torno al 23% y mayores costos laborales, sin alivios sectoriales para pequeñas y medianas empresas, pueden presionar los precios y empujar más actividades hacia la informalidad, sobre todo en regiones donde las capacidades productivas son más débiles.